Rescatan a "víctimas de trata" en un tambo de Morrison

La Afip realizó un operativo en un establecimiento del este cordobés. Se constató que los empleados vivían en condiciones "infrahumanas".

 

 

Río Tercero: sin condenas por el escape químico fatal

Fueron absueltos los dos imputados. Piden ahora que se investigue nuevamente el caso. En 2007, dos operarios murieron en Petroquímica Río Tercero por inhalar gas fosgeno.

Río Tercero. La Justicia absolvió este viernes a los dos imputados por presunto homicidio culposo por el escape químico ocurrido en la planta de Petroquímica Río Tercero, hace cinco años, en el que fallecieron dos operarios. Si bien la causa está prescripta con la actual carátula, con lo que quedaría cerrada sin responsabilidades penales definidas, la Cámara del Crimen ordenó que se siga investigando ahora como posible dolo eventual.
Se dispuso remitir la causa a la Fiscalía General de la Provincia para que analice las actuaciones del fiscal riotercerense a cargo de la instrucción, Marcelo Ramognino.
El 18 de julio se conocerán los fundamentos del fallo del juez César Barberis.
La causa  se originó por la muerte Jorge Molina y Marcelo Martinelli, opearios de la firma contratista Assi, que desarrollaba tareas de mantenimiento en Petroquímica.
La Fiscalía había imputado a dos ex empleadosa de esta empresa, Carlos Frare y Mario Matos, por la presunta responsabilidad sobre una válvula que quedó abierta y que no evitó el escape. El gas fosgeno, altamente tóxico, emanó en pocos metros, pero justo donde estaban Molina y Martinelli.
Durante las audiencias se ventilaron numerosos aspectos vinculados a la seguridad de la planta industrial al momento del hecho. Varios testimonios apuntaron cuestionamientos en ese sentido. También se constató que no había preparación médica para atender emergencias con gases letales.
En su alegato, el fiscal Moisés Yona requirió que se investigue en una nueva etapa la eventual responsabilidad de jerárquicos de Petroquímica y a médicos que actuaron en aquel episodio.
Mientras, el abogado querellante Javier Genesio alegó que también se incluya a la firma contratista y a la empresa de emergencias médicas que fue convocada tras el escape. Los dos afectados fueron enviados a sus domicilios tras inhalar el gas, en vez de internarlos en forma inmediata como aconsejan los protocolos especializados.
Yona cuestionó la investigación impulsada por su par Ramognino. Achacó que fue “deficiente” y que no se tomó testimonio a varios testigos que terminaron declarando recién en el juicio oral. A la vez, enumeró una serie de pruebas que se receptaron en este debate en cuanto a falencias operativas y de seguridad de la química, marcando que de haber funcionado correctamente no hubiese ocurrido el accidente. Asimismo aportó la conclusión de varios especialistas que aseguraron que si se seguía un procotolo médico adecuado aumentaban los riesgos de vida de los intoxicados. La falta de capacitación en el personal y el incumplimiento de algunas normas de higiene, seguridad y medio ambiente en esa industria, quedaron de manifiesto, según Yona.
Reacciones. Tras el fallo favorable, Frare declaró a La Voz del Interior que “el fiscal de Instrucción actuó de manera negligente”, por aceptar “sólo la versión de la empresa”, y reprochó mque no se haya enfocado la investigación hacia "los más poderosos".
Con indisimulable angustia, Estela Baños, viuda de Molina, contestó que su deseo es "que se siga investigando porque en este juicio no estuvieron los responsables que debían ser juzgados”. Aseguró que irá “hasta las últimas consecuencias”, por sus dos hijos “y por la ciudad que está en riesgo”.
Alberto Uría, abogado defensor de Frare, dijo que los imputados no estaban en el sector de la planta donde se registró el incidente, y que la orden estaba asignada a supervisar y controlar otra zona y no la del escape. Y advirtió, por datos aportados por testigos en el juicio, respecto a “las consecuencias graves que podría ocasionar una fábrica que manipula productos peligrosos y que producen al doble del límite o que usa caños de plástico en lugares que no están permitidos”.
Jorge Mecatti, defensor de Matos, pero a la vez actual presidente del Concejo Deliberante y que en el momento del hecho (2007)se desempeñaba como juez de Faltas municipal y fimrpó la clausura de la empresa, dijo al cerrar las audiencias que había que pedir disculpas a los familiares de las víctimas, a la sociedad y a la Justicia, porque pasado tanto tiempo no se pudo saber la verdad. Tras el juicio, aseguró a este diario que solicitará como concejal que se incorpore de manera urgente algún plan para un mayor control sobre la seguridad industrial.

 

"Es difícil adjudicar las enfermedades a los agroquímicos"

Lo dijo Osvaldo Souza, experto en impacto de agroquímicos en el medio ambiente. No obstante, expresó que debe evitarse esta práctica en lugares donde se registran problemas.

El ingeniero agrónomo Osvaldo Javier Souza sostuvo hoy, en la quinta audiencia del juicio por Ituzaingó Anexo, que se hace difícil determinar que la producción de enfermedades se deba a la fumigación con agroquímicos, menos cuando existen otros factores.

No obstante, afirmó que sí se puede evitar la aplicación de estos productos, como una forma de prevención.

El perito que participó en la Convención de Estocolmo reseñó particularidades de los productos incluídos en la acusación de los dos casos que se someten a análisis en este proceso. Así, del DDT y el dieldrín, señaló Souza que están prohibidos en el mundo desde hace muchos años y que sólo son utilizados en algunos países como China y Uganda.

Sobre los otros dos productos, el endosulfán y el glifosato, fue algo más flexible. Del primero, sostuvo que si bien su importación fue prohibida en 2009, recién será prohibida su utilización en 2015. Sobre el glifosato, en cambio, dijo que está discutido científicamente que sea nocivo.

Largo testimonio. La declaración de Souza se realizó durante unas tres horas y se vio interrumpida por un cuarto intermedio, tras el cual los jueces informaron que la inspección ocular del lunes próximo al barrio empezará una hora antes de los dispuesto el miércoles, es decir, a las 9.

Luego declararon en un breve lapso dos mujeres relacionadas con los campos que explotaba el acusado Jorge Gabrielli. Primero lo hizo Nilda Godoy, propietaria del inmueble que le alquiló la tierra y posteriormente Orfilia Vázquez, casera de Gabrielli. Ambas tuvieron similares conceptos: que en el campo se sembraba trigo y soja, que se fumigaba de forma "terrestre" con un camión mosquito y que no se lo hacía con avionetas. Vázquez agregó que ella vivía en el lugar y que no tuvo ningún tipo de síntomas.

Eventos. En las últimas horas han llegado a Córdoba, desde todo el país, numerosos dirigentes y activistas convocados por el Colectivo Paren de Fumigar y las Madres de Ituzaingó.

Representantes de Misiones, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires, Capital Federal y Rosario, entre otros, participan del Encuentro de Pueblos Fumigados que mañana deliberará en la Facultad de Psicología, Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional de Córdoba, a partir de las 9.

Por otra parte, desde las 10.30, la agrupación BiciUrbanos hará una bicicleteada de apoyo desde la Plaza Vélez Sársfield (Vélez Sársfield e Hipólito Irigoyen).

Finalmente, también mañana, por la noche, desde las 22, en el Comedor Universitario, se hará la Peña de los Fumigados, a beneficio del movimiento.

La Playosa: murió un niño de 2 años atropellado accidentalmente por su padre

Ocurrió en un campo situado a la vera de la ruta nacional 158. El hombre no advirtió que su hijo se acercaba al tractor.

Un niño de dos años falleció en la zona rural de La Playosa tras ser atropellado por un tractor conducido por su padre, quien no advirtió que su hijo se acercaba al vehículo en movimiento.

El accidente ocurrió hoy alrededor de las 14.30 en un campo situado a la vera de la ruta nacional 158, a pocos kilómertros de esta localidad.

El pequeño fallecido fue identificado como Lucas Merelles. Las graves heridas sufridas en su cráneo hicieron imposible salvarle la vida a pesar del intento de los profesionales.

Cuando el padre del pequeño advirtió que había ocurrido el siniestro dio aviso a la Policía y servicios de emergencia. Salió al encuentro de ellos a la ruta 158, trasladando al niño por sus propios medios. En una ambulancia, Lucas hizo el resto del recorrido hasta el hospital regional, pero falleció antes de llegar.

Fueron socorridos por los bomberos
Están graves los obreros rescatados de un pozo de 7 metros en Córdoba

07/06/2012 | 13:20 Se encontraban dentro de un pozo cuando una carretilla cargada con mezcla cayó sobre ellos. Fueron trasladados al Sanatorio Allende. El accidente se produjo en una construcción ubicada en Santa Ana al 4.300, de barrio Las Lilas.

Dos albañiles resultaron con heridas de consideración cuando una carretilla cargada con mezcla cayó sobre ellos, mientras estaban dentro de un pozo en una obra en construcción de barrio Las Lilas.

El accidente se produjo alrededor de las 12 de hoy, en el inmueble ubicado en calle Santa Ana al 4300, de mencionado sector capitalino.

Roberto Juncos y Juan Gaso estaban trabajando en un pozo absorbente de siete metros de profundidad cuando fueron golpeados por la carretilla que cayó sobre ellos. 

Los obreros fueron rescatados por el cuerpo de bomberos y trasladados al Sanatorio Allende por el servicio de emergencias 107, junto con ambulancias de la empresa Ecco. 

Diego Fernández, médico de esta última firma dijo: “El paciente que trasladé tenía un traumatismo de tórax, hombro y clavícula izquierda. Estaba lúcido y en ningún momento perdió el conocimiento”

“Su compañero tenía traumatismo dorsal y abdominal”, añadió Fernández a Cadena 3. 

En el Sanatorio Allende se realizarán los estudios clínicos completos para determinar si los obreros tienen lesiones internas

Ampliaron denuncia penal en la causa por contaminación en Ituzaingó Anexo

La realizó Funam. Es para que "se analice la probable responsabilidad funcional" de autoridades provinciales y municipales.

La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) realizó esta mañana una ampliación de la denuncia penal en el marco de la “causa madre” que investiga la contaminación con agroquímicos en barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba.

La presentación es para que” se analice la probable responsabilidad funcional en sus distintos niveles de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura de la Provincia, Ministerio de Salud-Dirección de Epidemiología, y Córdoba Ambiente”, señaló a La Voz el abogado querellante, Carlos Nayi.

También incluye a “los encargados del área Ambiente de la Municipalidad de Córdoba y los responsables de la urbanización y loteo (800 terrenos) ubicados entre Avenida Vucetich y Schorodinger” de ese sector de la ciudad, agregó el letrado.

Días atrás, la Funam alertó sobre la construcción “de un nuevo barrio sobre los antiguos campos contaminados con 
plaguicidas y arsénico ubicados junto al barrio Ituzaingó Anexo” (ver Alertan sobre construcciones en campos de Ituzaingó Anexo).

Raúl Montenegro, presidente de la entidad, indicó 
que “ya se edificaron viviendas y avanza la urbanización ante la inacción de las autoridades sanitarias y ambientales de la Municipalidad de Córdoba y la provincia”.

Imputados. En la causa fueron imputados por el fiscal Carlos Matheu los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli por supuesta “contaminación dolosa continuada”, en grado de instigadores. Y como presunto autor, al aviador que habría hecho las aplicaciones aéreas, Edgardo Pancello.

Se investigan los hechos de aquella denuncia de la Funam, por fumigaciones entre 2002 y 2004 con endosulfán y glifosato, dos sustancias prohibidas por las entonces vigentes ordenanzas municipales de emergencia ambiental 10.505  y 10.590 de prohibición de fumigaciones (en un radio próximo a la zona urbana).

Según fuentes relacionadas con la investigación, se busca determinar si existe una relación causal entre las fumigaciones prohibidas y las muertes y casos de cáncer detectados en el barrio.

En estas imputaciones, el delito de “contaminación dolosa continuada” está tipificado en el Código Penal con penas que oscilan entre los 3 y 10 años de prisión.

Otras causas. Además, ya están elevadas a juicio otras dos causas por hechos posteriores, cuya primera audiencia oral y pública se hará el 11 de junio próximo, en la Cámara 1ª del Crimen