No fue un fallo judicial más. La sentencia que hace dos meses condenó a un productor rural y a un aeroaplicador por fumigaciones en campos pegados a barrio Ituzaingó, de Córdoba, parece plantarse como una bisagra.
Productores y aplicadores que trabajan campos al lado de zonas urbanas empiezan a preguntarse ahora si no podrían ser denunciados también de afectar la salud de los vecinos. Y esos vecinos han sumado más aliento para reclamar que las pulverizaciones se alejen de sus narices.
El caso de barrio Ituzaingó fue el primero en su tipo que llegó a juicio en el país. Las condenas resueltas por el tribunal no fueron sólo por considerar que se había fumigado sin acatar las normas de aplicación, sino, además, por comprometer con esa acción la salud de una población.
Las condenas no están firmes porque fueron apeladas. Pero sí quedó firme el debate abierto sobre la regulación legal en esta materia.
Desde 2004, rige en Córdoba la Ley de Agroquímicos 9.164. Fue un paso adelante en relación con el escenario de descontrol anterior. Pero no parece suficiente, a la luz de los reclamos que se multiplican en poblaciones linderas a campos, mientras la discusión científica sobre el impacto en la salud suma capítulos en el mundo.
Son 17 los municipios y comunas cordobesas que ya han dictado normas propias, más restrictivas que esa ley provincial. Otras tantas las están debatiendo ahora.
A nivel provincial, en tanto, el Gobierno no promueve por ahora cambios en la ley vigente, aunque una comisión que integran representantes del Ministerio de Agricultura, de universidades y del Colegio de Ingenieros Agrónomos está evaluando eventuales modificaciones.
Algo cambió. “Hay un antes y un después del fallo judicial”, admite Nila Busso, presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que tuvo un papel central en la elaboración de la ley 9.164. “Notamos que hay más inquietud de los profesionales para conocer su responsabilidad legal y, sobre todo, de los municipios por buscar más asesoramiento”, indicó Busso.
Los agrónomos no ven bien la proliferación de restricciones municipales. “Aparecen regulaciones no coincidentes y que hasta contradicen la ley provincial. Municipios y Provincia deberían unificar criterios porque se va perdiendo seguridad jurídica”, resumió Busso.
“Nosotros pregonamos el uso controlado y responsable de los agroquímicos, y pedimos que se cumpla y controle la ley”, remarcó.
Sobre la posibilidad de que se modifique la ley para crear “zonas de resguardo” que impidan fumigaciones pegadas a viviendas, Busso planteó que el Colegio “está abierto al debate de alternativas”.
El Colegio de Ingenieros Agrónomos integra el Consejo Asesor Agroquímico, junto al Ministerio de Agricultura, representantes de universidades y otros sectores, que se reúne cada mes. En ese ámbito –según Busso– se vienen analizando eventuales reformas a la ley provincial o, más posiblemente, a su reglamentación. “Es una discusión aún abierta”, indicó. Pero el fallo por Ituzaingó la aceleró.
Los agrónomos, en general, hasta ahora pregonaban que se acentúe el control para hacer cumplir la actual ley, antes que modificarla creando zonas con restricciones. Suelen repetir que “es peor una aplicación mal hecha a dos mil metros de un barrio que una bien hecha a 150 metros”.
Límites. Paren de Fumigar se llama la agrupación de vecinos que vienen movilizándose para reclamar más restricciones, con presencia en más de 20 localidades cordobesas. El abogado Darío Avila los asesora en materia legal.
“El fallo de Ituzaingó representa un hito histórico. Hizo más visible la problemática y aporta ante un vacío legal que no definía cuándo hay delito y cuándo se afecta la salud y el ambiente”, señaló.
Avila marcó que el fallo abre el camino “para que se discutan cambios en las leyes de todas las provincias”. Sostuvo que “lo mínimo es que se defina una zona de restricción alrededor de localidades y escuelas rurales, donde no se permita ninguna fumigación”. Apuntó que “ahora lo están haciendo algunas localidades por su cuenta, pero debiera ser una norma nacional”. Las agrupaciones que representa reclaman que esa restricción sea de 1.500 metros. “Con la actual ley, fumigan a metros de donde vive gente”, subrayó.
“Cada vez aparecen más pruebas que demuestran cómo afectan a la salud los agrotóxicos. Lo que falta es que, por ejemplo, el ente nacional Senasa contemple estudios sobre los efectos crónicos, que hasta ahora no quieren considerar”, marcó.
Desde estos sectores se plantea que el debate de fondo es “el modelo de producción agrario” vigente, sobre todo sojero, que se sostiene sobre un paquete tecnológico que combina las semillas transgénicas con el uso intensivo de agroquímicos.
Cómo se aplica la ley
Hace ocho años. La vigente ley provincial 9.164, sancionada en 2004, establece que no se puede fumigar con productos clase Ia, Ib y II (los de mayor riesgo toxicológico) en los 500 metros lindantes con áreas habitadas de pueblos y ciudades.
Cerca de casa. Los clasificados como clases III y IV (de menor toxicidad, según el ente nacional Senasa) se pueden usar aun a metros de viviendas, aunque bajo ciertas condiciones. Entre ellas, que un ingeniero agrónomo matriculado elabore la receta fitosanitaria con dosis a usar, y se haga responsable de la aplicación; que el personal y la maquinaria utilizada estén habilitados; que se notifique al municipio para que este autorice la aplicación según factores climáticos como viento y otros. El glifosato, conocido por ser el más usado en el actual esquema agrícola, está en este grupo.
Aéreo, más lejos. La misma ley prohíbe las fumigaciones aéreas de cualquier tipo en los primeros 500 metros y las que usen químicos de las tres clases de mayor riesgo a menos de 1.500 metros de pueblos y ciudades.
Control. La ley define que el Ministerio de Agricultura es la autoridad de control. En esa cartera señalan que se labran decenas de actas de infracción por mes. La oposición cuestiona que el control es insuficiente. El sistema hace reposar parte del contralor en municipios y comunas que, en muchos casos, no tienen capacidad técnica ni estructura para hacerlo, o no muestran mucha voluntad.
